ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Secretaría de Gobierno LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL: Implementar la mejora en los procesos registrales mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como promover la capacitación y profesionalización constante del personal. Impulsar la interconexión entre las oficialías municipales del Registro Civil, la Dirección General y el Registro Nacional de Población, para formar parte de la infraestructura del sistema nacional en la materia. Acercar las funciones y servicios del Registro Civil a la población marginada y a los grupos vulnerables, ampliando su labor en los hospitales públicos y centros de salud, así como llevar servicios itinerantes a las localidades más distantes. Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas como la instancia de articulación interinstitucional para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Asegurar a las víctimas el acceso a los servicios y medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño. Optimizar los servicios registrales mediante la reingeniería de los procesos registrales encaminados a fortalecer la vinculación registral y catastral para garantizar la certeza jurídica de las inscripciones a este sistema. Generar una base de datos de los expedientes y litigios en curso con el fin de dar seguimiento más expedito y proporcionar un mejor servicio a los usuarios. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que prestan los servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como los que participan en la inspección y supervisión de notarías, para que realicen sus funciones con eficiencia y eficacia de acuerdo con la normatividad en la materia. Establecer relaciones de colaboración con los organismos jurisdiccionales en materia de conciliación y arbitraje, con las procuradurías de la defensa de los trabajadores y de los servidores públicos, con pleno respeto a sus decisiones y a la vida administrativa de cada uno de esos órganos. Promover una cultura de la igualdad de género, inclusión social y no discriminación laboral. Reducir el número de expedientes físicos que se encuentran concluidos (que han causado estado) y enfocarse en la digitalización de los que están vigentes. Garantizar a los actores la eficacia de los procedimientos que se utilizaran en los juicios laborales que coadyuven a preservar el desarrollo y la paz social entre las entidades públicas. Definir y operar los criterios y procedimientos adecuados para lograr la entrega digital de los expedientes a los nuevos centros de conciliación. Reorganizar los procesos y procedimientos de trabajo para abatir los rezagos de conciliación y de dictamen que presentan los expedientes a cargo de las juntas de conciliación. Mejorar la formación y motivación del personal para ser parte activa de la transformación del sistema de justicia laboral, en la atención al público y el mejoramiento de la imagen de las juntas. Difundir la cultura de la conciliación y justicia alternativa para la resolución de conflictos entre el personal jurídico de la procuraduría, que fortalezca la asesoría en defensa de los derechos laborales de los trabajadores públicos. Disponer de información estadística desagregada en materia de género para identificar las prácticas más comunes y generara políticas públicas que promuevan la igualdad en la defensa de los derechos laborales. Cumplir con los objetivos del nuevo sistema de justicia laboral, dando prioridad a la conciliación y la medición de conflictos. Implementar un registro y control de las asociaciones religiosas, de los ministros de culto en el Estado y de los inmuebles que se utilizan para los servicios religiosos y que son propiedad de la nación. 2
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