Tomo II Dependencias

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA Secretaría de Gobierno MISIÓN: En su calidad de responsable del sector política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del Estado es una institución pública comprometida con el diálogo propositivo entre los poderes, órganos autónomos, órdenes de gobierno, partidos políticos, grupos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, que se asume como el eje de defensa de la legalidad, la superación racional de los diferendos y la construcción de acuerdos en favor del interés general de Tabasco, desempeñando un rol de articulación democrática de la pluralidad y diversidad de las voces y demandas sociales. OBJETIVOS: Impulsar la modernización del Registro Civil mediante la transformación administrativa y tecnológica para dar certeza jurídica a la información sobre el estado civil de las personas y lograr la interconexión de las oficialías estatal y municipales con el sistema nacional en la materia. Garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, mediante el otorgamiento de servicios de atención inmediata multidisciplinaria y coordinación interinstitucional. Garantizar a la población certidumbre sobre los actos jurídicos en materia mobiliaria e inmobiliaria, con la finalidad de garantizar la seguridad y certeza jurídica, coadyuvando al desarrollo y a la inversión en la entidad. Garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica que permite atender a la población menos favorecida del país bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo. Innovar la prestación de los servicios de legalización de documentos, la publicación de documentos en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco y la supervisión notarial con el fin de contribuir al fortalecimiento de la confianza en el estado de derecho, garantizando certeza jurídica y brindando atención de calidad. Corregir las irregularidades resultantes entre los trabajadores y patrones, mediante acciones de conciliación, fortaleciendo el respeto irrestricto a los derechos laborales. Mejorar los tiempos y procedimientos de los juicios laborales e impartir un sistema de justicia laboral eficiente y eficaz que aporte a la sociedad bienestar y paz laboral. Fortalecer la organización de las juntas de conciliación y arbitraje, estableciendo las medidas legales, presupuestarias y administrativas necesarias para ejecutar la transición hacia el nuevo sistema de justicia laboral. Instrumentar de forma eficaz los lineamientos que emita la Coordinación para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que se relacionen con la reorganización de las juntas de conciliación. Establecer los programas de capacitación para hacer más eficiente el desempeño de las juntas en el desarrollo de las actividades. Fortalecer a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, como una institución eficaz y transparente que contribuya a consolidar arreglos conciliatorios que otorguen certidumbre y bienestar al trabajador en la procuraduría de justicia laboral Procurar la impartición de justicia a los trabajadores y patrones, privilegiando los mecanismos de solución alternativa de conflictos laborales. Regular la relación del Gobierno del estado con las asociaciones religiosas, mediante el diálogo y el ordenamiento normativo, en aras de garantizar el ejercicio de la libertad de credos a través de la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Fortalecer la gobernabilidad democrática en la vida política estatal, a través del diálogo sistemático entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, para mejorar la eficacia del funcionamiento gubernamental. Promover el libre ejercicio de los derechos de expresión, asociación y manifestación de la ciudadanía, en favor de la construcción de un ambiente de convivencia democrática y de confianza social. Asegurar la gobernabilidad democrática, sostenida en la corresponsabilidad de las instituciones, el respeto a la ley y la participación ciudadana, con el fin de resolver los asuntos de interés público por medio del diálogo y la adopción de acuerdos razonados. Velar por la legalidad y respeto de los derechos humanos de la población migrante, facilitando su acceso a la seguridad y justicia con apego a las leyes nacionales y traslados internacionales en la materia. 1

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